¿Sabías que los ayuntamientos están en aprietos por un total de 750 millones de euros debido a las reclamaciones por la plusvalía municipal? Sí, como lo lees. Los inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) han levantado la voz durante una jornada tributaria, y no es para menos. Se han juntado con la Asociación Española de Asesores Fiscales y la Universidad Rey Juan Carlos para poner las cartas sobre la mesa y exponer lo que ellos llaman "negligencias del legislador".
Parece que la cosa se ha puesto seria con el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como la plusvalía municipal. Los inspectores han avisado que esta situación de "inseguridad jurídica" va de mal en peor y que se nos viene una "oleada de reclamaciones" por parte de los contribuyentes. Y es que, ¿quién no querría reclamar con tanto en juego?
Todo empezó en mayo de 2017, cuando el Tribunal Constitucional dijo que los ciudadanos podían demostrar situaciones de minusvalía y, por lo tanto, no pagar el impuesto. Pero, ¡sorpresa! El Estado se tomó cuatro años para adaptarse y hasta octubre de 2021 no se hizo nada, cuando el Tribunal Constitucional finalmente declaró inconstitucional el diseño de la plusvalía municipal.
Y por si esto fuera poco, en febrero pasado, el Tribunal Supremo decidió cambiar su postura sobre la nulidad de las liquidaciones tributarias de este impuesto, lo que obviamente ha incrementado las impugnaciones. Los inspectores de Hacienda locales no han parado de denunciar la "inseguridad jurídica permanente" que afecta tanto a entidades locales como a contribuyentes desde hace décadas.
La buena noticia es que la asociación no se queda de brazos cruzados. Están trabajando duro en un Libro Blanco que pretende revisar de cabo a rabo el diseño de las Haciendas Locales y proponer alternativas para modernizar nuestra arquitectura fiscal. Así que, a pesar de los esquemas fiscales del siglo XIX y el "olvido y abandono" del legislador estatal, parece que hay luz al final del túnel.
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